La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y el Compliance

por Ronny Sebastián Espinosa Ruiz

La constante evolución de la sociedad, implica también la actualización de las mafias en cuanto a su modus operandi, en ese sentido, las Personas Jurídicas actualmente son parte importante para las organizaciones delictivas, por lo cual es necesario el reconocimiento de la empresa como sujeto de derechos, necesidad que ha sido señalada por las diversas organizaciones internacionales que impulsan la lucha frente a los delitos, especialmente en materia económica.

La impunidad que se ha generado en los últimos años debido a la imposibilidad de juzgar a las personas jurídicas ha facilitado el surgimiento de un desarrollo dogmático y jurisprudencial en materia de Derecho Penal Económico, para ello, se ha fijado como punto de partida la teoría del delito establecida desde hace más de tres siglos respecto de las personas naturales y que, consecuentemente, tiene que adaptarse de manera sistemática para la construcción de la teoría del delito para las personas jurídicas.

Debido a esa premisa, en la actualidad se está dejando de lado al mantra societas delinquere non potest, que evitaba que las personas jurídicas sean objeto de algún tipo de juzgamiento y sanción pues el cometimiento de delitos por medio de una persona jurídica, ya sea concordante con la actividad primaria de la empresa o no, no aparta a la actividad ni a la empresa de esa esfera de criminalidad, y es ahí en donde la justicia debe cortar de raíz las opciones de las mafias.

Esto nos lleva a generar la siguiente duda ¿La persona jurídica posee la capacidad de tener pleno conocimiento de la antijuridicidad de cierta conducta? La respuesta es sí, pues se establece una relación entre persona jurídica y persona natural que materializa el injusto penal, pero esta teoría va mucho más allá de si la organización participa como cómplice en el cometimiento de delitos ya sea en beneficio propio o de terceros, el hecho puntual es la obligación que tiene la empresa de implementar una cultura de cumplimiento que tenga estricta relación con el Derecho y que permita prevenir, detectar, evitar y que plantee una reacción frente a un posible cometimiento de los tipos penales ya determinados en nuestro COIP. De esta manera se concluye que, si la empresa no previene, no detecta, no evita o no actúa frente a los riesgos penales, efectivamente se determinará su responsabilidad penal, por lo que, se infiere que la persona jurídica tiene pleno conocimiento de la antijuridicidad de los actos.

Entonces, aparece la figura del Compliance Penal, el cual consiste en la aplicación de un conglomerado de herramientas de carácter preventivo, cuyo fin es eludir un posible cometimiento de infracciones penales por parte de una empresa, dicho de otra manera, ayuda a esquivar el ius puniendi. Esta figura puede generar grandes criterios de oposición por parte de los defensores de la doctrina en materia penal, por ello es importante señalar que un sistema de compliance no tiene relación alguna con la esencia del Derecho Penal y no afecta a su aplicación.

En la actualidad, la persona jurídica tiene la obligación de promover e implementar una cultura de ética empresarial que haga frente a los diversos tipos de criminalidad económica y corporativa, así se puede excluir la inobservancia de las obligaciones de dirección y vigilancia de la empresa, si la misma, antes de la comisión del delito, ha adoptado e implementado eficazmente un programa de compliance.

Un programa de compliance es ese beneficio que tiene la organización en materia de prevención de delitos, incluso si la misma llega a ser procesada, por medio de estos programas, las PJ pueden demostrar que controla los riesgos inherentes a sus actividades con la debida diligencia, hecho que acredita la buena fe de una PJ y que finalmente logrará que la organización se encuentre exenta de una determinación de responsabilidad penal, adicionalmente se demuestra que la empresa es responsable con la autonomía que le brinda el Estado respecto de su organización interna.

Con lo señalado en líneas precedentes, mi criterio será siempre positivo en cuanto la determinación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, consecuentemente, el Estado tendrá una herramienta más frente a la lucha contra la criminalidad económica, corporativa y la impunidad de las empresas u organizaciones, pues como la realidad nos ha enseñado, éstas forman parte esencial en la vida de las organizaciones criminales.

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